La presidenta Keiko Fujimori llegó a El Salvador para conocer de cerca el modelo de seguridad impulsado por Nayib Bukele, incluida la visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), símbolo de la política penitenciaria salvadoreña. La iniciativa responde a una de las mayores preocupaciones de los peruanos: vivir sin miedo a las extorsiones, los asaltos y los asesinatos. La visita puede ser útil si permite conocer experiencias y evaluar medidas que ayuden a enfrentar el crimen organizado. Pero hay una condición indispensable: que no se quede en una agenda de fotografías, declaraciones y recorridos oficiales. El país necesita soluciones concretas, no otra promesa que se diluya cuando termine el viaje.
El modelo salvadoreño ha sido asociado con una reducción significativa de los homicidios y una mayor pérdida de control territorial por parte de las pandillas. Sin embargo, también ha recibido cuestionamientos por detenciones arbitrarias, denuncias de abusos y restricciones a las garantías judiciales durante el régimen de excepción. Por eso, copiarlo sin examinar sus costos y diferencias sería un error. El Perú tiene una realidad territorial y criminal distinta, con organizaciones dedicadas a la extorsión, el sicariato, la minería ilegal y otras economías delictivas. La tarea consiste en identificar qué medidas pueden adaptarse a nuestro marco legal y a las características de cada región, sin asumir que una receta extranjera resolverá automáticamente nuestros problemas.
