Se viene corroborando con el paso del tiempo lo que expresé en mi columna del 08.08.2021 al señalar que el gobierno nos va empujando “al borde del abismo al pretender imponer al país una Asamblea Constituyente”. El aluvión de actos de corrupción y el cúmulo de desaciertos en los que incurre el gobierno sin que les afecte un ápice, hasta ahora solo han servido –con la ayuda de una prensa adicta, cuándo no– para distraer a la ciudadanía con el escándalo mediático, mientras los operadores del gobierno avanzan a paso firme en la concreción de su principal objetivo político: Convocar a una Asamblea Constituyente, con sus propias reglas, para liquidar a la Constitución vigente.

La recolección de firmas que viene realizado el partido de gobierno Perú Libre, en kits electorales proporcionados por la propia ONPE, para solicitar al JNE que autorice al Presidente de la República para convocar a un referéndum para una reforma total de la Constitución a través de una Asamblea Constituyente, sigue su avance sin prisa pero sin pausa. En paralelo, ya se preparan para dar la batalla política y mediática contra el PL multipartidario N° 644-2021 que modifica la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos N° 26300 cuyo dictamen fue aprobado recientemente en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, norma con la que, de ser aprobada por el Pleno, le cerraría el paso a su pretensión de  convocar a  Referéndum al margen de los dispuesto por el artículo 206 de la Constitución.

Mientras tanto, el gobierno sigue copando los organismos públicos especialmente  vinculados con la generación de recursos naturales como el Minem; con la demarcación territorial y el manejo de la conflictividad social; y con el orden interno para lo cual ha designado recientemente a trece nuevos  prefectos regionales, con el inocultable propósito de controlar a la población de tal manera, que le permita llevar adelante sin oposición de la calle su propósito constituyente. El futuro de nuestra democracia se encuentra hoy, en manos del Congreso.

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