Miles de compatriotas están muriendo y otros tantos lloran sus pérdidas. La ansiada meseta anunciada hace dos semanas no llega. No hay educación presencial, escuelas y universidades apuestan por clases virtuales. En pleno confinamiento la única socialización es por internet vía Whatsapp o Skype, y los debates académicos, sociales y políticos se refugian en las videoconferencias y zooms como espacios rescatados al monólogo gubernamental y mediático. Estamos unidos digitalmente para comunicarnos y ejercer nuestro derecho a la información. Pero la conectividad falla, no existe para millones de peruanos en la capital y por supuesto en los lejanos pueblos sin acceso a Internet. Éste no es un lujo, es un derecho humano, que sin supervisión ni censura debería ser proporcionado gratuitamente para los que no pueden pagarlo, convertirlo en servicio público. Vizcarra ofrece tablets y kits tecnológicos para la educación digital de los más pobres, pero la reguladora OSIPTEL anuncia el corte por falta de pago del servicio telefónico que incluye a Internet. Es una contradicción que linda con la esquizofrenia, dado que las deudas responden a la aguda crisis económica y el Estado gasta sus ahorros distribuyendo miles de millones en ayuda social. Y ese mismo gobierno desarticula al país impidiendo la comunicación, debilitando la estrategia fundamental en la guerra sanitaria como en la económica. Sin internet no se hace nada. Es un derecho social, sin ella eres un marginal aislado de los esfuerzos colectivos. OSIPTEL permitirá los cortes en perjuicio de la sociedad, mientras que las grandes empresas telefónicas tienen trato especial y privilegios tributarios. Para la ONU cortar el acceso a Internet es una violación de los derechos humanos. La red es esencial para la vida y en especial para la educación y la economía. Lo dijo Barack Obama en 2015: “la banda ancha no es un lujo, es una necesidad”. ¿Qué parte de esto no entiende Vizcarra?