El pasado viernes, mientras la presidenta Dina Boluarte y el ministro del interior, Juan Santiváñez, repetían el abrazo con el que minimizaron las denuncias sobre que la primera pidió el cierre de la Diviac como condición para nombrarlo ministro y que el segundo aceptó pese a que sabia que no se podía y luego se burló de ella por creerlo, Lima fue una ciudad liberada para la delincuencia.
En La Victoria, marcas robaron S/40 mil a un cambista y huyeron por un “corredor seguro” que fue presentado con bombos y platillos por el mismo Santiváñez. En Surco, sicarios mataron a una persona a pasos de un colegio inicial y, por la tarde, un policía fue asesinado en Jesús María.
La delincuencia, aupada por una ley dada en el Congreso para salvar a sus corruptos, aprovecha que las autoridades están preocupadas por salvar su pellejo para sitiar el país. Si fuéramos mal pensados, creeríamos que esto es una estrategia para tener a la ciudadanía asustada, para que no protesten por tanta corruptela junta, pero sabemos que en este gobierno no existen las sutilezas, así que inferimos que no es parte de un plan, sino la consecuencia de que los delincuentes y economías ilegales nos gobiernan gracias a la anuencia de un Ejecutivo concentrado en sobrevivir a cualquier costo, incluso el del propio estado de derecho.
