Las elecciones no resuelven las crisis pero pueden profundizarlas cuando se cumplen sin transparencia ni legalidad. Eso es lo que ocurre hoy. El proceso electoral avanza, pero no logra restaurar la confianza ni cerrar el ciclo de inestabilidad política que arrastramos desde hace una década. La democracia funciona en su forma con elecciones, candidatos, organismos electorales, pero ha perdido su esencia que es la legitimidad para el nuevo gobierno. Las irregularidades, el exceso de candidaturas y la falta de calidad en las opciones erosionan la credibilidad, y la ONPE esta jugando un triste papel. No se trata únicamente de quién gane, sino de la legitimidad con la que llegue. Un gobierno que nace con desconfianza no gobierna, resiste y administra tensiones. Su margen de acción se reduce, su capacidad de liderazgo se debilita y su relación con la sociedad se vuelve precaria. El riesgo no es solo la ineficiencia, es más profundo: la normalización de una democracia sin convicción que no alumbra esperanzas. Las elecciones con resultados dudosos no renuevan el pacto entre el Estado y la sociedad. La democracia que surge de ellas sobrevive institucionalmente, pero no convence políticamente. Y cuando ello sucede, otros discursos se vuelven más simples, más radicales dejando el espacio a los populismos que ganan terreno. El país pierde en todos sus planos, desde la ética y los valores hasta la las mejores causas que deberían unir a los peruanos en la confianza y los ideales. La democracia no se sostiene únicamente en la formalidad del voto, la confianza la legítima. Recuperarla exige desterrar la corrupción, lograr la transparencia absoluta y la responsabilidad política de quienes conducen los procesos. El próximo gobierno no inaugurará una nueva etapa, administrará una crisis que se hace crónica. Indignante y muy preocupante.
