A la luz de lo ocurrido en los últimos años, el Congreso no solo ha sido un actor más en la política peruana: ha sido el eje que ha torcido el rumbo del país. Por eso no sorprende que muchos sostengan que, el próximo 12 de abril, la elección verdaderamente decisiva no será la presidencial, sino la legislativa. En el Perú de hoy, el Parlamento no acompaña al poder: lo absorbe.
No es ningún secreto que el poder político se ha ido desnaturalizando hasta concentrarse progresivamente en el Congreso. En ese contexto, votar por diputados y senadores no es un trámite menor ni un acto reflejo: es una decisión que puede definir si el país tendrá algo parecido a gobernabilidad o seguirá atrapado en la lógica del sabotaje permanente.
Sin embargo, el panorama es desolador. Más de 250 candidatos con sentencias penales por peculado, estafa, hurto e incluso homicidio buscan una curul. Y eso sin contar a los cientos que arrastran denuncias y procesos por delitos graves, entre ellos violación sexual. Que personajes con prontuario delictivo aspiren a legislar no es solo un escándalo: es un síntoma de una enfermedad política profunda. El Congreso, lejos de ser un espacio de representación y debate, corre el riesgo de convertirse en un refugio de impunidad.
Los principales responsables de este despropósito son los partidos políticos. Organizaciones sin ideología, sin ética y sin filtros reales.
