La promesa de aplicar mano dura contra la criminalidad ha sido una de las principales banderas del nuevo Gobierno. Sin embargo, mientras los delitos continúan preocupando a la población, la pregunta empieza a repetirse con insistencia: ¿cuándo se va el comandante general de la Policía Nacional, general Óscar Arriola?
La frustración ciudadana es comprensible. Los peruanos quieren resultados y no están dispuestos a seguir viviendo bajo el miedo de la extorsión, los asaltos, los homicidios y la violencia cotidiana. Pero atribuir toda la responsabilidad de la crisis de inseguridad al jefe máximo de la PNP puede ser una simplificación peligrosa.
Según el marco legal que rige el cargo, el comandante general de la Policía tiene un periodo establecido de dos años. Su salida antes de cumplirlo no depende de una decisión política o de la voluntad del ministro del Interior. Existen causales específicas para su cese, entre ellas la incapacidad física, una falta grave, la solicitud del propio oficial o el pase al retiro por años de servicio. Mientras ninguna de estas circunstancias se configure, Arriola permanecerá en el cargo, guste o no.
Cambiar al jefe policial puede convertirse en una salida política fácil, pero no sería legal. Tendrá que quedarse hasta septiembre de 2027. Corresponde respetar las normas. Eso no significa otorgarle un cheque en blanco. Su permanencia en el cargo debe estar acompañada de resultados concretos.
Si se reemplaza a Arriola sin modificar las estrategias, fortalecer la inteligencia policial, mejorar la investigación criminal, combatir la corrupción interna y coordinar adecuadamente con fiscales y jueces, la delincuencia continuará avanzando con otro nombre al frente de la institución.
