El Gobierno saliente ha puesto nuevamente en agenda la liberación del expresidente Pedro Castillo. Conceder un beneficio a quien intentó desconocer la Constitución podría interpretarse como una señal de tolerancia frente a conductas que atentaron contra el sistema democrático. Ningún país fortalece sus instituciones relativizando la gravedad de un intento de ruptura constitucional. Por el contrario, la democracia se consolida cuando las reglas se aplican por igual a todos, sin excepciones ni privilegios.
En paralelo, el debate sobre el indulto también ha sido aprovechado por diversos actores políticos que buscan reposicionarse de cara a los próximos procesos electorales. La defensa de Pedro Castillo parece haberse convertido, para algunos, en una plataforma de visibilidad antes que en una auténtica convicción jurídica. Mientras ciertas figuras pierden protagonismo, otras como Jorge Nieto intentan ocupar ese espacio apelando a discursos que buscan captar el respaldo de un sector del electorado. Sin embargo, la justicia no puede convertirse en un instrumento de campaña ni en una bandera para obtener réditos políticos.
El país necesita que las instituciones actúen con serenidad y estricto apego a la ley. Un presidente que está por dejar el cargo debería preocuparse por cerrar su gestión fortaleciendo la institucionalidad y no alimentando decisiones que puedan abrir nuevas controversias o profundizar la polarización.
La mejor decisión será aquella que coloque por encima de cualquier cálculo el respeto a la Constitución, la independencia de la justicia y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
