Aún recuerdo el tiempo en que trabajé en Chimbote, donde un tal Waldo Ríos, quien había dejado la prisión por corrupto, postulaba al gobierno regional de Áncash prometiendo un bono de 500 soles para los pobladores. Esta tierra, que había visto caer a la bestia César Álvarez por crimen organizado, estaba dispuesta a darle el voto. Esta región no es una simple jurisdicción, sino el verdadero banco de oro que mencionaba Antonio Raimondi, por supuesto, visto como un botín gracias al canon minero.
La riqueza de Áncash se la dio la minería, y, desde entonces, sus autoridades no han sido las mejores administrando el dinero, al igual que los ciudadanos emitiendo su voto. Pese a que era la región que recibía más canon minero, ha perdido la oportunidad de salir del subdesarrollo. En los últimos diez años, la minería logró cerca del 60% de las exportaciones nacionales, un 11% del PBI y de la inversión privada, además del 5% del empleo total, según un último informe de El Comercio. Pero son solo cifras.
Según el reporte del INEI, la minería creció 5,27% en los primeros cuatro meses del año, mientras en el 2023 llegó a 9,46%. Entonces, uno se pregunta a dónde va tanto dinero del canon y las regalías. El detalle no pasa por el perro muerto de las compañías, sino por la existencia de algunas administraciones desidiosas.
Hoy ha despertado Tía María, un ambicioso proyecto que genera el interés de otras empresas que tienen el ojo puesto en bancos de minerales. Fuimos, somos y seremos un país minero, que ha convivido por décadas con el agro. No obstante, han comenzado a formarse grupos opositores queriendo convencer a la ciudadanía de que la contaminación acabará con el campo y los alimentos. Solo hay que pedirles a los empresarios mineros que tienen la responsabilidad de comunicar mejor los beneficios de la exploración.
