A medida que el conteo de votos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entra en su fase final, el país comienza a girar inevitablemente hacia la segunda vuelta. Sin embargo, ese tránsito no llega acompañado de la calma que debería caracterizar a una democracia madura, sino de una creciente presión sobre su propia institucionalidad. En el centro de la controversia aparece Piero Corvetto, cuya permanencia ha sido cuestionada no solo por actores políticos, sino también por gremios empresariales e incluso por el titular del Ministerio Público. La señal es clara: la confianza en el árbitro electoral está seriamente erosionada, y debería irse.
Es evidente que el sistema requiere correctivos, aunque no con prédicas incendiarias y gritos desaforados. Hoy más que nunca se debe alentar a la serenidad y las soluciones racionales, dentro del estado de Derecho.
Sin embargo, tampoco se puede ignorar el fondo del problema. Cuando las dudas persisten y las explicaciones no alcanzan, la desconfianza se expande. Ya no se habla solo de incapacidad, sino también de posibles actos de corrupción, una acusación grave que exige pruebas, pero también respuestas firmes. El reto es enorme: restablecer la credibilidad en el organismo que deberá conducir el balotaje del 9 de junio. Sin esa confianza mínima, cualquier resultado —sea cual sea— nacerá cuestionado. Y una democracia que duda de sus propias elecciones empieza a caminar por una pendiente peligrosa.
