La Fiscal de la Nación ha puesto legalmente en evidencia las conductas delictivas del “castillo de corrupción” que encarna el gobierno. Lo hace mediante la denuncia constitucional presentada ante el Congreso, por los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias agravado, contra el presidente Castillo.
Corresponde ahora al Congreso asumir su responsabilidad, lo mismo que al Tribunal Constitucional. La interpretación literal del artículo 117 de la Constitución, sería irrita. Aplicar la subsunción a través de un silogismo jurídico, si el artículo 117 no plantea más posibilidades de acusar al presidente, entonces solo corresponde acusarlo por las allí establecidas, así sea corrupto. Asumir como una norma cerrada la contenida en el citado artículo, cuando está en juego el futuro del país, sería claudicar a ejercer el derecho de manera razonable.
Los derechos contenidos en los tratados sobre derechos humanos. Se interpretan pro homine es decir aplicando la disposición de modo más favorable a la persona, de manera progresiva, es decir, asegurando un estándar mínimo de derechos humanos mejorándolos, nunca en retroceso; con criterio de interacción, es decir recoger lo que dice el tratado sin dejar de lado las reglas del derecho nacional, complementándolas a fin de potenciar y hacer efectivos los derechos.
El tratado anticorrupción de la ONU está vinculado a los derechos humanos. El costo de la corrupción es enorme en nuestro país, eso traducido en hospitales, colegios, carreteras, etc., tiene que ver directamente con derechos humanos. El TC ha fijado como un principio constitucional la lucha contra la corrupción.
Corresponde al TC en el ámbito de la contienda de competencia planteada por el Congreso, en su calidad de máximo intérprete de la Constitución, poner en evidencia que la Constitución no es letra muerta y cumple su rol pacificador. El Congreso no tiene ningún impedimento para calificar la denuncia constitucional dentro del marco de su función constitucional de control político. Castillo y la OEA de Almagro (de persistir en su postura), potencialmente son para el Perú lo que Maduro para Venezuela.
