El sector pesquero industrial genera US$ 3 mil millones en exportaciones; aporta entre 1.5% y 2.5% al PBI; creando de manera directa e indirecta 700 mil empleos y aportando al fisco más de S/ 1,200 millones. Como revela un reciente estudio de EY, el sector pesquero contribuye con el Estado con más del 50% de su utilidad operativa, a pesar de venir de años donde este sector, debido a políticas públicas ineficientes, así como a factores climatológicos, se encuentra fuertemente apalancado y con una rentabilidad deteriorada.

Así, el sector pesquero peruano industrial asume elevadas cargas tributarias y sociales que lo hacen menos competitivo frente a los países de la OECD, incluido Chile, ya que además de la carga tributaria común a todas las empresas, realiza diversos aportes sociales; tales como el aporte al Fondo Extraordinario del Pescador (FEP), cuyo costo es de S/ 3.92 por cada TM de los recursos hidrobiológicos capturados y destinados para consumo humano directo e indirecto; derechos de pesca, que en el año 2019 sufrió un incremento de más del 70%; aportes al FONCOPES; pagos al programa de control y vigilancia, entre otros.

En este contexto, creemos que, para seguir contribuyendo con la seguridad alimentaria, el fisco y la generación de nuevos puestos de trabajo, es importante incentivar otras pesquerías, como la del atún y la del jurel.

Asimismo, resulta necesario incentivar la gran, mediana y pequeña acuicultura, toda vez que genera muchos puestos de trabajo, en especial de mujeres, y permite asegurar una alimentación de calidad para los hogares peruanos. En tal sentido, es importante volver a establecer un régimen de incentivos para la misma.

Como vemos, existe una agenda pendiente de temas que podrían ser abordados por el presente gobierno para que el sector pesquero siga siendo un gran motor de la economía, y un gran aliado en la lucha contra la anemia y desnutrición crónica. Para ello, sólo se necesita estabilidad, reglas claras y por supuesto un diálogo que nos permita avanzar hacia ese rumbo.