Una de las preguntas más recurrentes tras cada elección es por qué los peruanos terminan votando por candidatos que prometen cambios radicales, aunque muchas veces carezcan de experiencia, equipos o propuestas viables. La respuesta suele buscarse en la polarización, la crisis de los partidos o la desinformación. Sin embargo, existe una explicación menos visible: la acumulación de promesas públicas incumplidas.
Durante décadas, el Estado ha construido un sistema que incentiva anunciar más proyectos de los que realmente puede financiar y ejecutar. Cada año, miles de iniciativas ingresan al sistema de inversión pública. Escuelas, hospitales, carreteras, sistemas de agua y saneamiento. Cada una representa una promesa de progreso para una comunidad.
Pero el problema aparece cuando esas expectativas chocan con la realidad.
La consecuencia es profundamente política. Cuando una comunidad escucha durante años que tendrá una carretera, un hospital o una obra de agua potable y nada ocurre, no solo pierde confianza en una autoridad. Empieza a perder confianza en el sistema. La frustración acumulada se transforma en desafección democrática, rechazo a las instituciones y apertura hacia discursos que ofrecen soluciones inmediatas a problemas estructurales.
Quizá uno de los mayores desafíos del próximo gobierno no sea anunciar nuevas inversiones, sino recuperar credibilidad. Porque la gobernabilidad no depende únicamente de la capacidad de prometer un futuro mejor. Depende, sobre todo, de la capacidad de cumplir lo que ya se prometió. Y en el Perú, pocas amenazas para la estabilidad democrática son tan peligrosas como una ciudadanía cansada de esperar.
