El nivel de los congresistas peruanos es deplorable. Parecen no comprender la magnitud de la crisis de credibilidad que atraviesa el Legislativo y, lo que es peor, se consideran poseedores de la moral suficiente para crear y promover proyectos de ley controvertidos que, en apariencia, solo benefician a ellos mismos.
Dos ejemplos recientes ilustran esta preocupante realidad. Primero, la propuesta del parlamentario Luis Cordero, que permitiría a autoridades y funcionarios públicos sentenciados por corrupción postular a la presidencia de la República. Este proyecto, por sí solo, revela una desconexión alarmante entre las prioridades del Congreso y las necesidades del país.
En segundo lugar, está la iniciativa legal de Katy Ugarte, quien ha sido denunciada por recortar el sueldo de sus trabajadores. Su propuesta busca tipificar el delito de perjurio, imponiendo penas de entre seis y ocho años de cárcel a quienes declaren hechos falsos en procesos judiciales o en el Congreso. Para muchos, esta medida no es más que un intento de intimidar a quienes se atrevan a denunciar hechos de corrupción en el Parlamento o una forma de silenciar a aquellos que intentan exponer la verdad en este poder del Estado.
Queda la sensación que los congresistas tienen una prioridad inconfundible: subordinar el interés del país a sus propios fines. Pareciera que su objetivo principal no es solucionar los problemas de los peruanos, sino blindarse para mantener sus parcelas de poder.
