En política, muchas veces las reacciones ante los hechos resultan más graves que los propios acontecimientos. Esta desafortunada dinámica se evidencia constantemente en el Gobierno, tanto en las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte como en las de sus ministros. Parece que viven en una realidad paralela, lo que dificulta enormemente la resolución de los problemas del día a día de los peruanos.
Un ejemplo claro de este desfase es la afirmación de la mandataria de que existe “tranquilidad social” en el país, una declaración que se desvanece ante los datos. Hasta el 20 de enero, se habían registrado 113 homicidios, una cifra récord que refleja una crisis de criminalidad sin precedentes. La inseguridad ciudadana genera un clima de miedo palpable; para muchos peruanos, salir a la calle se ha convertido en una experiencia llena de incertidumbre y, en algunos casos, terror.
Tampoco se puede hablar de “tranquilidad económica”. Recientemente, Karla Pacheco, representante de la Asociación Mujeres Bodegueras del Perú, reveló que el año pasado quebraron 6,000 bodegas en todo el país, consecuencia de extorsiones, robos y el nefasto sistema del “gota a gota”. Esta situación evidencia cómo la delincuencia afecta de manera directa a los emprendedores, quienes son fundamentales para la economía nacional. Las pequeñas y medianas empresas representan el motor de las economías locales y su capacidad de inversión diaria es crucial para el crecimiento del país.
