Resulta positivo que el Ministerio Público haya incluido a la Policía Nacional como tercero responsable en el salvaje crimen de la joven Sheyla Cóndor, pues todo en la institución falló y tiene que responder por eso, ya que la víctima no solo fue asesinada por un agente que no debía estar en funciones por sus antecedentes por violación, sino que, sobre todo, una vez que sus padres hicieron la denuncia sobre su desaparición en una comisaría, nadie les hizo caso.
Pero no solo eso, una vez que un grupo de efectivos ubicó al asesino en un hostal de San de Lurigancho, donde aparentemente se había suicidado al verse acorralado, no cumplieron con los protocolos destinados a la preservación de las evidencias, tal como se vio en un video difundido por los propios policías que ingresaron al lugar, en que se manipula de la peor manera el cuerpo de Darwin Condori y la escena en general.
En Correo siempre hemos defendido y destacado al trabajo de los buenos agentes que incluso ofrendan su vida en la lucha contra las lacras que hay en el país. Sin embargo, en este caso es necesario exigir una rigurosa investigación por parte del Ministerio Público y también las sanciones más duras una vez que se determinen las responsabilidades por la muerte de Sheyla.
La cadena de situaciones penosas que facilitaron la muerte de la joven y que también han entorpecido las investigaciones y el derecho de la familia a saber qué paso con el policía asesino, tiene que ser aclarada para que se sancione a los responsables y se adopten las medidas correctivas a fin de que nunca más tengamos que ser testigos de un crimen que pudo evitarse.
