En el Congreso de la República tenemos una oportunidad histórica e impostergable: ratificar el Acuerdo de Escazú. Este es un tratado ambiental pionero, que mejora el acceso a la información, la participación ciudadana, el acceso a la justicia y la protección de defensores ambientales. Es decir, contribuye a la convivencia social y al desarrollo del Estado de Derecho ambiental.
Sin embargo, frente a recientes infundados comentarios en contra de este, que por ejemplo señalan falsamente que atenta contra la soberanía nacional, es conveniente precisar ciertos puntos.
Primero, el Acuerdo de Escazú incluye expresamente el principio de soberanía permanente de los Estados sobre los recursos naturales.
Segundo, es un tratado fruto de un análisis y visión consensuada entre países de América Latina y el Caribe, en donde el Perú tuvo un liderazgo en toda su etapa de negociación. Por tanto, su ratificación no implica ninguna imposición foránea, ni menos es parte de alguna “agenda latinoamericana” de uno u otro sector político.
Tercero, la máxima autoridad del tratado es la Conferencia de las Partes, y no alguna otra entidad supranacional ajena a los objetivos de este acuerdo regional.
Finalmente, no olvidemos que el derecho de las personas a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de nuestras vidas está reconocido expresamente en nuestra Constitución. La pandemia Covid-19 nos recuerda la necesidad de promover la participación de todos para cuidar la naturaleza. Por ello es imperativo que el Estado Peruano ejerza una protección efectiva de los mismos y el Acuerdo de Escazú es el primer paso para hacerlo.
