Veintidós años con cuatro prórrogas tomará el proceso de formalización de la minería ilegal e informal. La ley 31388 del 31 de diciembre prorroga, nuevamente, el plazo hasta diciembre del 2024, expresando el escaso interés por la protección del medio ambiente, ya que permite arrojar materiales contaminantes en cabeceras de cuenca, deteriorando ríos, lagunas, lagos como el Titicaca, nuestra Amazonía, hasta el Océano Pacífico, el Mar de Grau.

En el Perú tenemos muchas leyes, pero pocas se cumplen, como la Ley 27651 del 11 de diciembre del 2002, de formalización de la pequeña minería.

La Ley 31388 que aprobó el Congreso, permite ampliar el plazo de formalización de la minería ilegal e informal pese a que tanto el Ministerio del Ambiente y la Defensoría del Pueblo emitieron pronunciamientos alertando sobre el perjuicio que la protección de la minería ilegal e informal le causa al país.

Sin que pueda comprenderse, el Ministerio de Energía y Minas saludó la aprobación de esta ley, evidenciando su escaso interés por la protección de ambiente, la erradicación de la trata de personas, el incremento de la recaudación tributaria y el empleo digno.

En curiosa trilogía, el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo con el presidente Pedro Castillo y el ministro de Energía y Minas, Eduardo Gonzales, han optado por proteger a la minería ilegal, la que lleva a cabo explotaciones ilegales en Huaypetuhe, La Pampa, dentro de la reserva ecológica Bahuaja Sonene, en Madre de Dios y Puno, entre otras en el país.

Es indispensable corregir este grave error. La actividad minera es necesaria, sí, pero dentro de los márgenes de la ley, con responsabilidad, pagando los impuestos de ley, generando empleo digno y contribuyendo al erario nacional. Es responsabilidad del Gobierno y sus autoridades proteger el futuro de todos los peruanos.