Opinión

Lo de Rousseff no es un golpe de Estado

En los últimos días, a propósito del inicio del juicio político a la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, hoy suspendida del ejercicio del cargo por el Senado de ese país, ella misma y sus seguidores no han perdido tiempo en proferir apasionados discursos denunciando que se ha producido un golpe de estado contra el gobierno democrático y legítimamente constituido.

15 de Mayo del 2016 - 07:26 Miguel Ángel Rodríguez Mackay

En los últimos días, a propósito del inicio del juicio político a la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, hoy suspendida del ejercicio del cargo por el Senado de ese país, ella misma y sus seguidores no han perdido tiempo en proferir apasionados discursos denunciando que se ha producido un golpe de estado contra el gobierno democrático y legítimamente constituido. En adición, y sin que a mí me sorprenda su actitud, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también ha repetido el mismo pregón y hasta ha ordenado el retiro del embajador llanero en ese país, en señal de solidaridad con la presidenta ahora sin presidencia. Ante tan evidente desconocimiento de los conceptos básicos del derecho y de la ciencia política o sabiendo de sus alcances que sencillamente no les importa, Rousseff y Maduro lo que único que están logrando es crear un escenario de polarización y desestabilización en el país y en la región, respectivamente, y esa es una actitud políticamente irresponsable. Lo voy a explicar. El golpe de estado significa la interrupción de la vigencia de un régimen democrático valiéndose de recursos y mecanismos que están al margen del derecho; es decir, procedimientos y métodos de facto, no reconocidos por el sistema jurídico de un Estado. En el registro de la ocurrencia de los golpes de estado en Latinoamérica y por supuesto en otras partes del mundo, los golpes casi siempre han sucedido con prevalencia del uso de la fuerza, tirando al tacho el Estado de Derecho; es decir, el imperio de la ley. Así, pues, a los golpistas no les interesa en lo más mínimo el respeto de la Constitución Política y de las demás normas jurídicas e instituciones tutelares de un Estado, las que en conjunto componen el ordenamiento jurídico de un Estado y que podríamos referir como la columna vertebral para la vigencia de iure de un gobierno. En Brasil la separación de poderes funciona y el status de la presidenta se ha respetado con rigor conforme el derecho parlamentario brasileño, todo dentro de la ley.