El presidente José Jerí ha anunciado que en breve se promulgará una ley con medidas extraordinarias para combatir la extorsión y el sicariato, la misma que entraría en vigencia el lunes 19 de enero. El anuncio, en sí mismo, no genera alivio sino cautela. En un país saturado de conferencias, decretos y promesas que jamás se tradujeron en resultados, la expectativa es mínima. El show, las consignas y las buenas intenciones ya no alcanzan. Lo que se exige ahora es eficacia. No hay tiempo que perder.

La delincuencia no solo ha ganado las calles: ha impuesto su propia ley y ha condenado a muerte la tranquilidad de la sociedad. Comerciantes extorsionados, transportistas asesinados y barrios enteros sometidos al miedo son la prueba diaria de un Estado que llega tarde o no llega. Frente a este escenario, el Gobierno no puede seguir actuando con timidez ni con cálculos políticos. Es hora de ejercer el mando que le otorgan el Estado de derecho y la Constitución.

Ha trascendido que entre las medidas se incluiría la prohibición de la circulación de motocicletas con dos pasajeros, el apoyo económico a empresas de transporte víctimas del crimen y el refuerzo de la labor policial y fiscal. Todas suenan razonables, incluso urgentes. Pero en el Perú ya hemos aprendido que las normas, sin capacidad operativa, son apenas papel firmado. La pregunta no es qué se va a prohibir, sino cómo se va a hacer cumplir.

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