El pasado domingo vivimos una jornada electoral que, de manera atípica, se extendió hasta el lunes debido a retrasos en la instalación de mesas de sufragio. Esta situación fue provocada por la tardía entrega de material por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que obligó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a ampliar excepcionalmente el horario de instalación de 12 pm a 2 pm y de cierre de mesas de 5 pm a 6 pm.Este problema, minimizado por el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, tuvo consecuencias, un ausentismo cercano al 20% en Lima con más del 93% de actas contabilizadas, muy por encima del promedio histórico de 11.75% (2006, 2011 y 2016), sin contar 2021, que fue una elección atípica por la pandemia. Respecto a la afectación del elector, hablamos de alrededor de medio millón de electores afectados, por la tardanza y la no instalación de mesas, en los plazos señalados por ley.Pese a la gravedad de lo ocurrido, no puede hablarse de fraude ni de nulidades, ya que no se configuran los supuestos legales correspondientes. Hoy tenemos un grave daño a la democracia, un grave daño a la voluntad popular de miles de limeños cuyos votos quedaron sin plasmarse ahogados por el sol, la desinformación y el maltrato. El grito de democracia apagado por el silencio de la indolencia.
Hay un daño irreparable que la historia recordará como el legado de un funcionario aferrado a su cargo, amparado en una supuesta irrenunciabilidad, muy distante del verdadero significado del término dignidad.
