Los principios de Bangalore (India, 2002) aprobados gracias al impulso y auspicio de las Naciones Unidas, tienen como finalidad inspirar el ejercicio de la administración de justicia en el mundo. Se trata de un conjunto de principios no vinculantes que buscan asegurar el ejercicio de la función judicial, con el objetivo de generar confianza ciudadana. A pesar que su contenido coincide con los principios reconocidos por los textos constitucionales, destacan por elevar los estándares éticos tanto dentro como fuera de la judicatura. Entre ellos se incluyen la independencia, imparcialidad, integridad, decoro, igualdad, competencia y diligencia. Son principios de alcance universal y resultan indispensables para garantizar un debido proceso.
Con relación al principio de independencia judicial, el documento no solo formaliza su reconocimiento, sino que también subraya la necesidad de protegerlo frente a presiones externas o influencias que pudieran comprometer la imparcialidad. En este sentido, la independencia no solo impide la injerencia externa en la toma de decisiones judiciales, sino también exige un marco institucional que garantice su autonomía en aspectos como el nombramiento de jueces, su formación continua, la gestión económico-presupuestaria, la administración interna y las condiciones para su cese. En resumen, estos principios no solo buscan evitar que cualquier autoridad, funcionario o persona interfiera directamente en el trabajo judicial, sino que también demandan la implementación de competencias institucionales que los protejan de presiones indirectas; sin embargo, la voluntad política para realizarlos seguirá siendo un factor determinante para el éxito de cualquier documento o texto constitucional que persiga estos nobles y fundamentales objetivos.
