Un resentido grupo de políticos de izquierda no le perdona a Dina Boluarte el giro estratégico y necesario que ha dado en la política económica del país y apela al medio centenar de muertes acaecidas durante las protestas para denunciar a la presidenta ante la Corte Penal Internacional. Algunos nombres de los autores del desatino no sorprenden, pero otros sí. Marisol Pérez Tello, por ejemplo, está haciendo de su oposición recalcitrante al régimen un caballito de batalla para el 2026. Las impresentables Indira Huilca y Mirtha Vásquez, que no sienten la más mínima repugnancia con la dictadura de Nicolás Maduro, también se aglomeran en esta propuesta infestada de rencor y resentimiento. Pero también hay personajes de corazón castillista como Sonaly Tuesta, ex ministra de Cultura, y Harold Forsyth, ex representante del Perú ante la OEA, que no tuvieron reparos en llenarse los bolsillos con el chotano levantándose al país en vilo y allí sí, agachaditos, pasaron por caja cada mes a sabiendas que una corriente de pus se filtraba por las tuberías de Palacio. A ellos se suman, entre otros, dos docentes de la PUCP, Pepi Patrón y José Burneo, fieles representantes del caviarismo que propugna una universidad que enseña y adoctrina al mismo tiempo. Las muertes en las protestas se investigan en el fuero interno, con el rigor fiscal que se merece, y hace poco nomás el Ministerio Público archivó la excesiva imputación de genocidio por falta de argumentos, pero, igual, es mejor ganar cámaras, apabullar al enemigo y mancillar la imagen del país porque la ideología así lo manda y las elecciones están cerca. Y también, en muchos casos, porque se les cerraron las puertas de la mamadera pública.
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