La situación en la que el país se encuentra, sometido al crimen organizado, es una suma de factores que datan desde hace mucho tiempo, pero una gran parte de la escalada que vivimos actualmente viene acicateada por la promulgación de la Ley 32108 y esta es responsabilidad compartida entre el Congreso y el Poder Ejecutivo.
El Congreso es el principal responsable porque, con votos del fujimorismo, Perú Libre, Podemos Perú, Alianza para el Progreso, Avanza País, Somos Perú, Acción Popular, Perú Bicentenario, Honor y Democracia, Renovación Popular y Bloque Magisterial, fueron en contra de las opiniones que los expertos que ellos mismos convocaron y aprobaron la norma que elimina no solo a la extorsión y al sicariato de la lista de delitos que configuran crimen organizado sino también otros 59 y todo para qué, para que los partidos políticos no sean considerados una organización criminal y sus propiedades no puedan ser embargadas si se detecta que sus dirigentes cometieron algún delito.
El Ejecutivo también es culpable de esta situación porque pudiendo observar la norma, no se pronunció en contra y permitió que este esperpento parlamentario sea promulgado por el presidente del Congreso.
Así las cosas, cualquier decisión parlamentaria o del gobierno contra la delincuencia que no pase por derogar tal norma es un saludo a la bandera.
