Ayer el Congreso, con 101 votos a favor, uno en contra y 20 abstenciones, ha aprobado el retiro de hasta 17 mil 200 soles de sus fondos de pensiones depositados en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para quienes no hayan tenido empleo formal en el último año. Peor hubiera sido que prospere la demagógica, irresponsable y electorera propuesta de Podemos, de dar luz verde al retiro total de los aportes previsionales.
Sin embargo, el futuro de las pensiones de quienes han abonado a las AFP y a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) sigue cubierto de una gran nube negra, debido al proyecto de reforma del sistema que está en manos del Congreso que plantea, entre otras cosas, la creación de una entidad pública encargada de administrar ambos regímenes como si el Estado, tal como lo conocemos, inspirase una gran confianza a los aportantes.
Lamentablemente, el tema de las pensiones se ha convertido en objeto de propuestas irresponsables y populistas en este Congreso. Lo que hace Podemos para ganar votos está clarísimo. Es evidente que hoy, en los sistemas privado y público, hay aspectos mejorables. Sin embargo, permitir la liberación total de los fondos o entregar el manejo previsional a la burocracia por lo general ineficiente y corrupta, parece de película de terror.
El momento crítico que vive el país en materia económica a causa de la pandemia se ha convertido en terreno fértil para planteamientos que hoy pueden sonar como sinfonía para los oídos de quienes han perdido el empleo y no tienen dinero en el bolsillo para el día a día, pero que a la larga llevarían, sin duda, a comprometer el futuro de miles de personas que estarían viendo mermada o eliminada su pensión de jubilación.
La campaña electoral para la presidencia y el Congreso recién empieza y las pensiones que hoy manejan las AFP y la ONP, estarán en el centro del debate marcado por el populismo propio de estos tiempos. Queda estar muy atentos con los vendedores de sebo de culebra, esos a los que ya nadie podrá reclamar ni encarar dentro de diez o veinte años, una vez que los actuales aportantes se hayan quedado sin fondos para una jubilación al menos digna.
