Luego de dos meses de espera y sucesivas postergaciones, el presidente José Jerí ha confirmado que mañana se presentará el Plan de Seguridad Nacional. La expectativa no es menor: el país vive uno de los momentos más críticos en materia de seguridad ciudadana, con una criminalidad que ha deteriorado gravemente la calidad de vida de millones de peruanos. La violencia ya no es un fenómeno aislado ni periférico, sino un problema estructural que amenaza la estabilidad social, la inversión y la confianza en el Estado.
Las cifras son elocuentes y alarmantes. Según el SINADEF, el actual Gobierno registra el mayor promedio diario de homicidios, mientras que el Ministerio Público ha identificado 125 atentados vinculados a presuntas extorsiones en el transporte público de Lima y Callao entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, con un saldo de 169 víctimas, de las cuales 93 perdieron la vida. Estos números no solo describen una estadística: retratan un país donde amplios sectores viven bajo el miedo, donde trabajar, movilizarse o emprender se ha convertido en una actividad de alto riesgo.
Por ello, el nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana debe ir más allá de anuncios y buenas intenciones. Se requiere una estrategia integral, con metas claras, recursos suficientes y una ejecución rigurosa. La cantidad y el equipamiento de policías en todo el país son factores decisivos, pero también lo son la inteligencia, la coordinación interinstitucional y la lucha frontal contra la corrupción que permea algunos espacios del sistema.
