La OEA, con todo lo permisiva que se ha mostrado frente al gobierno de Pedro Castillo a partir de un Luis Almagro casi fan del profesor chotano, ya merodea por nuestra capital con una misión “de alto nivel” que buscará un feedback, principalmente con el Ejecutivo y el Legislativo, a propósito del pedido presidencial de la activación de la Carta Democrática bajo el antojadizo alegato de que se configura “una nueva modalidad de golpe de Estado” en el Perú.
Se requiere que los comisionados estén despercudidos del adelanto de opinión del Secretario General de la Organización de Estados Americanos y eviten la mimetización con sus pareceres, como eso de que “vimos al presidente (Castillo) comprometido con la mejor gestión de la agricultura” cuanto todos sabemos que este señor y sus funcionarios ineptos no han podido concretar un proceso para comprar urea y salvar la campaña agrícola de este año.
No deben olvidar, además, que Castillo Terrones carga sendas acusaciones e investigaciones por supuestamente encabezar una organización criminal, integrada también por familiares, amigotes prófugos y exministros, y que hay pruebas concretas en el Poder Judicial y el Ministerio Público como para que se arriesguen a avalar una bien orquestada campaña de victimización que ya linda con la desvergüenza y la burla a la población.
La OEA está llamada, ciertamente, a salir en defensa de la democracia en sus países miembros; lo que no puede hacer es ensayar ninguna solución (o apreciación) soslayando el trabajo limpio, libre y autónomo de instituciones emblemáticas que lo único que buscan es salvaguardar las arcas del Estado ante la endémica corrupción y poner en vereda a tanto cacaseno que osa meterle la mano al bolsillo a la gente.
