La orden de captura a nivel nacional e internacional de Nicanor Boluarte, para que cumpla 36 meses de prisión preventiva, es un duro golpe contra la presidenta de la República, quien siempre salía a defender a capa y espada a su hermano. “Dejen de difamarlo”, casi gritaba indignada a los periodistas. Lo peor de este caso es que a la hora de sustentar su dictamen, el juez Richard Concepción Carhuancho puso de manifiesto que el investigado habría actuado en complicidad con la mandataria.
Nicanor es otro prófugo de la justicia del entorno de Dina Boluarte. Para muchos, el primero es Vladimir Cerrón, quien desde hace más de un año no puede ser ubicado ni capturado por la policía. “No se va a someter al fallo porque es arbitrario”, dijo el abogado del imputado, Luis Vivanco.
Para el Gobierno, el desafío es monumental. La captura de Nicanor Boluarte debe convertirse en una prioridad absoluta, no solo como un gesto de respeto a la justicia, sino como una prueba de que nadie, ni siquiera alguien cercano a la presidenta, está por encima de la ley. Cualquier señal de pasividad o inacción será interpretada como una confirmación de favoritismos y protegerá aún más el manto de desconfianza que ya pesa sobre esta gestión.
Dina Boluarte enfrenta un momento decisivo. Si realmente está comprometida con la lucha contra la corrupción y el respeto a las leyes, debe actuar con firmeza y dejar de lado cualquier vínculo personal. Demostrar que la justicia se aplica sin distinciones es una oportunidad para recuperar algo de la credibilidad perdida.
