Las opiniones de especialistas que sugieren la mutación de nuestra forma de gobierno hacia un parlamentarismo olvidan que nuestro régimen presidencial, cimentado desde mediados del siglo XIX, ha forjado una identidad política y cultural difícil de ignorar. Se trata de una trayectoria que ha consolidado la figura del presidente en una relación directa con la ciudadanía (personalización del poder), alejada de la reserva protocolar de los modelos europeos. El arraigo del presidencialismo peruano hace inviable la división de atribuciones entre un jefe de Estado neutral y un primer ministro ejecutivo; la personificación de la nación difícilmente se mantendría al margen de la política doméstica sin generar invasiones de fueros o crisis de gobernabilidad.
A esta complejidad se suma la ausencia de un sistema de partidos dimensionado en pocas agrupaciones. La excesiva fragmentación del hemiciclo produce distorsiones que alteran la percepción del modelo. Un fenómeno similar se observa hoy en el parlamentarismo español donde, tras la ruptura de su bipartidismo imperfecto, la necesidad de sostener mayorías mediante coaliciones proyecta una apariencia presidencial desde el ejecutivo. Sin embargo, se trata de una desnaturalización aparente y no una mutación, dada la insalvable distinción entre el jefe de Estado y el jefe de gobierno.
En consecuencia, ignorar tanto la lógica de nuestras costumbres políticas como la realidad de nuestra representación parlamentaria, no solo sería un error de diagnóstico, sino una amenaza para la estabilidad y la eficacia del control político. El éxito de cualquier diseño constitucional reside, en última instancia, en su armonía con el sistema de partidos y la tradición democrática.
