Poner en la calle a Pedro Castillo no tiene nada que ver con “la reconciliación” ni “el cierre de heridas” ni “aliviar la tensión política”. Indultar al exmandatario no implicaría otra cosa que otorgar impunidad no solo a un sujeto que intentó un golpe de Estado para convertirse en dictador, sino a quien además tiene que responder ante la justicia por múltiples y justificadas evidencias de actos de corrupción en un gobierno donde las bolsas de dinero corrían por debajo de la mesa y los nombramientos se negociaban en Sarratea.
Para empezar, y como hemos informado ayer en Correo Lima, el dar un indulto o una gracia presidencial a Castillo sería una pateadura a la legalidad. Los expertos coinciden en que no hay por dónde encontrar una salida lícita a la liberación de exmandatario. Solo podría hacerse efectiva saltándose el orden jurídico, lo que implicaría graves consecuencias políticas y penales para los autores de esta barbaridad –empezando por el actual jefe de Estado y su ministro de Justicia y Derechos Humanos– y a quienes acepten acatarla.
Sin embargo, más allá de lo legal y entrando más a lo político, queda claro que Castillo no tiene por qué ser liberado. Ha cometido el gravísimo delito de tratar de quebrar el orden constitucional. Que nadie le haya hecho caso a su ilegal orden, es otra cosas. Es un vil y vulgar golpista que ha sido condenado como tal en primera instancia a través de un proceso limpio y público que ha seguido todos los estándares internacionales. Ni siquiera ha sido cuestionado por el siempre sesgado sistema interamericano de justicia.
Y de otro lado, esos que tanto se llenan la boca hablando de dar el indulto a Castillo en nombre de la “paz social”, sería bueno preguntarles desde cúando librerar a un sujeto acusado por el Ministerio Público de llevarse sobres con plata sucia para repartir a sus hermanos y de vender al peso los cargos en el Estado, implica la “tranquilidad” y “estabilidad” del Perú. ¿Eso aplica también para los asaltantes y los ladrones de celulares, autos estacionados y los que entran a robar a la casas? ¿Igual para los policías coimeros? ¿Así es la cosa?
Los que han violado la ley tienen que asumir su responsabilidad y cumplir sus condenas, salvo situaciones extremas de salud, que no es el caso de Castillo. En el Perú no se deben cubrir de “política” los actos delictivos de cualquier ciudadano, por más que haya sido presidente. Lástima que en el país tengamos a gente cuestionando y pidiendo cárcel por quiebres constitucionales y raterías de gobiernos anteriores, pero que cuando se trata de “su” golpista y corrupto favorito, exijan libertad, que no es otra cosa que impunidad.
