Fuerza Popular y Keiko Fujimori, por años, han mostrado incapacidad para reconocer sus derrotas electorales, y hoy pretenden desconocer todo el proceso electoral, desconocer la autoridad de la ONPE y el JNE para intentar convocar nuevas elecciones o colocar como presidente temporal al exmilitar Jorge Montoya, uno de los firmantes del acta de sujeción a Fujimori en 1999. Buscan quebrar el orden constitucional y la democracia que dicen defender.
Aunque en los últimos días de campaña Keiko pidiera, con rostro contrito, disculpas al país por la gravísima obstrucción política de su bancada de 73 congresistas al gobierno de Kuczynski, hoy, apoyada por el APRA con algunos sectores de Acción Popular y el PPC, pretende desconocer y violentar la Constitución. Solo queda decirle “no has cambiado, pelona”, como le dijera Pedro Pablo Kuczynski en la anterior elección presidencial.
En un país altamente polarizado, el camino que sectores de derecha están tomando es sumamente peligroso. Alienta opciones de un golpe de Estado activando fuerzas fascistoides, negándose a reconocer el voto de sectores rurales, andinos y amazónicos volcados a la opción de cambio de Pedro Castillo.
Su conducta y los recursos de nulidad interpuestos muestran desconocimiento del país, y un desprecio racista contra quienes votaron por un cambio.
Keiko Fujimori sabe que, de no ganar las elecciones, probablemente termine en prisión. Con allegados y seguidores, busca crear condiciones para declararse perseguida política y así salir del país o refugiarse en alguna embajada ante la audiencia de este 21, para ver un pedido fiscal de prisión preventiva.
El proyecto de Fuerza Popular y los Fujimori, acusado de ser autoritario y corrupto, debería saldar primero sus cuentas con la justicia y respetar las decisiones democráticas del pueblo y las instituciones del país.
