El presidente del Congreso, Alejandro Salhuana (Alianza para el Progreso), anunció con bombos y platillos que el Parlamento iniciará el trámite del proyecto de ley 09085/2024-PE que presentó el Poder Ejecutivo para tipificar el delito de terrorismo urbano.
El problema es que esta norma está en manos del Parlamento desde hace 117 días. El Ejecutivo la envió el 2 de octubre del año pasado y en el Oficio 290-2024-PR, firmado por la presidenta Dina Boluarte y el premier Gustavo Adrianzén, se solicitaba que se tramite de forma “urgente”.
¿Qué significa “urgente” para el Parlamento? Que 106 personas hayan sido asesinadas en las primeras tres semanas de enero al parecer no lo es. Que se hayan agudizado los ataques con explosivos, tampoco.
Seamos sinceros, la norma terrorismo urbano no servirá de mucho si no se recupera la tipificación de organización criminal y se reinstaura la detención preliminar sin flagrancia. Ambas se han visto melladas por el accionar del Ejecutivo y Legislativo en detrimento de la ciudadanía y para alegría de los delincuentes.
Así las cosas, que el Congreso haya decidido hacer su trabajo y descongele una norma que tenía olvidada no es más que un placebo, una curita para intentar detener la hemorragia que es la criminalidad desbordada, y encima, con demora.
