En el Perú hay líneas que no deberían cruzarse jamás. Hay asuntos que una sociedad democrática debe declarar no negociables, sin matices ni ambigüedades. Uno de ellos es la tolerancia —explícita o encubierta— frente a la pedofilia y a cualquier forma de normalización de relaciones sexuales entre adultos y menores de edad.
La discusión pública suele enredarse en tecnicismos legales o en la falacia del “consentimiento”. Pero conviene recordar algo elemental: la relación entre un adulto y un adolescente nunca ocurre en condiciones de igualdad. Existe una asimetría evidente de poder, experiencia y madurez. Apelar al supuesto consentimiento de un menor no es un argumento ético, es más bien la forma más sofisticada de justificar el abuso.
El reciente caso del renunciante ministro de Energía y Minas ha puesto sobre la mesa una realidad incómoda. Más allá de la discusión jurídica puntual, lo que queda expuesto es una cultura que todavía muestra una alarmante incapacidad para ponerse en el lugar de las adolescentes. Sus derechos siguen siendo relativizados, sus vulnerabilidades minimizadas y, lo más preocupante, las conductas de adultos plenamente conscientes terminan siendo justificadas con argumentos que buscan banalizar lo inaceptable.
Digámoslo con claridad: no es normal ni aceptable que hombres de mediana edad busquen relaciones con adolescentes. No es una “zona gris” moral. No es una cuestión de estilos de vida ni de libertades privadas. Es, en esencia, la manifestación de una relación profundamente desigual donde una parte se aprovecha de la vulnerabilidad de la otra.
Las sociedades se definen también por aquello que deciden no tolerar. Si el Perú aspira a construir una convivencia más justa y civilizada, debe empezar por proteger de manera inequívoca a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Entre ellas, nuestras adolescentes.
