Martín Vizcarra preso por coimas, Vladimir Cerrón prófugo de la justicia por presuntos actos de corrupción, Gregorio Santos en la cárcel por asociación ilícita en agravio del Estado. La lista no es casual ni anecdótica. Todos ellos comparten un mismo origen político: fueron gobernadores regionales cuando se les imputaron los delitos. A esta cadena de descrédito se suma ahora el caso del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, declarado no habido tras dictarse una prisión preliminar en su contra por organización criminal. No son excepciones; son síntomas.
Lo que ocurre en las regiones del país se ha convertido en una constante alarmante. Los gobiernos regionales, creados para descentralizar el poder y acercar el Estado a la ciudadanía, han terminado siendo, en muchos casos, tierra fértil para la corrupción. Miles de autoridades y funcionarios regionales se encuentran hoy investigados o procesados, revelando un patrón de desaprensión, improvisación y rapacidad en el manejo de los recursos públicos.
El problema no es la descentralización en sí, ni la idea de fortalecer a las regiones. Atender a los sectores más vulnerables y promover el desarrollo regional es una apuesta correcta y necesaria que merece el respaldo de todos. El drama está en la ejecución: presupuestos millonarios que no se gastan o que se diluyen entre sobrecostos, obras inconclusas y redes de corrupción enquistadas en los gobiernos subnacionales.
