Hay países donde ciertas conductas tienen consecuencias. Mentir, delinquir, reivindicar la violencia: en sociedades medianamente sanas, estas conductas terminan en prisión o en tratamiento psiquiátrico. En el Perú, en cambio, suelen terminar encabezando las encuestas.
Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, acumula denuncias e investigaciones penales. No se trata de chismes de redes sociales ni de conspiraciones de café: son procesos reales, con un pie en la cárcel. Tampoco se le conocen logros de gestión relevantes ni una trayectoria que inspire confianza. Y, sin embargo, ahí está, en el segundo lugar de las preferencias electorales, disputando la conducción de un país de treinta y cuatro millones de habitantes. Un país compuesto, en su inmensa mayoría, por gente trabajadora y honesta, pero que parece tener una desconcertante vocación por dispararse a los pies y luego sorprenderse de no poder caminar.
Luego aparece José Domingo Pérez, un personaje que desafía cualquier intento de análisis racional. Durante años fue utilizado como ariete político por sectores que confundieron justicia con persecución y debido proceso con espectáculo. Sus actuaciones públicas, sus excesos y su inagotable necesidad de protagonismo delirante bastarían para justificar una evaluación clínica. Sin embargo, sigue transitando por la vida pública como si no importara el daño que ha ocasionado.
Y Antauro Humala es la cereza de la torta: condenado por la muerte de policías, reivindicador permanente de la violencia política y promotor abierto de discursos incompatibles con cualquier democracia moderna. No solo no muestra arrepentimiento; ha convertido sus delitos en una credencial política. En cualquier sociedad medianamente sensata sería un recuerdo incómodo del pasado, confinado al lugar donde corresponde. Aquí consigue cámaras, entrevistas, seguidores y hasta quienes lo presentan como una alternativa de gobierno.
Pero lo más grave es que estos personajes existen porque hay un mercado dispuesto a consumirlos. Y ahí está lo más inquietante: buena parte de esa demanda viene de una juventud supuestamente educada, preparada, que observa el espectáculo y no solo lo tolera, lo celebra, confundiendo rebeldía con irresponsabilidad y destrucción con cambio. A ella se suma una parte de la población que usa el voto como un desquite y no como una solución.
En resumen, el problema no está en los candidatos. Ellos son apenas el síntoma visible. El verdadero diagnóstico hay que buscarlo en una sociedad que, elección tras elección, permite que la frustración le gane al sentido común, convierte a los síntomas en alternativas y luego se pregunta, indignada, por qué los resultados siempre terminan pareciéndose tanto a las causas.
