El Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparency International, expone cómo se percibe la corrupción en el sector público de las economías. Perú obtuvo 30 puntos sobre 100, con lo que se ubicó en el puesto 127 de 182 economías evaluadas a nivel global. Retrocedemos en el ranking. Más allá del resultado, esto refleja debilidades institucionales persistentes y una percepción de corrupción que erosiona la confianza ciudadana y la credibilidad del Estado. Un país con bajo desempeño en este indicador enfrenta grandes dificultades para articular políticas públicas eficaces. La corrupción no solo distorsiona la asignación de recursos; también mina la predictibilidad, elemento esencial para la atracción de inversiones y el desarrollo sostenible.
A este preocupante contexto se suma nuestra coyuntura política. La reciente censura del presidente José Jerí y la elección de un nuevo jefe de Estado se insertan en un patrón mayor: el Perú sumará su octavo presidente en diez años. Esta rotación constante debilita la institucionalidad y envía una señal negativa hacia el exterior. Cada cambio suele implicar ajustes en ministerios y equipos técnicos, reorientación de prioridades y retrasos en proyectos. Ello complica el trabajo coordinado entre el sector público y el privado y dificulta la ejecución de reformas urgentes. Sin estabilidad ni reglas claras, y con una percepción de corrupción elevada, el desafío no es menor.
La precariedad institucional se ha convertido en nuestro pan de cada día. O corregimos el rumbo, o seguiremos acumulando presidentes y retrocesos. En poco tiempo serán nueve presidentes. Elijamos bien.
