Las elecciones son claves para que se consume la alternancia del poder en una democracia. En nuestro caso, estamos en un mega año electoral donde la planificación de las elecciones ha comprendido tres ejercicios fiscales (2024, 2025 y 2026).
En ese orden de ideas, urge que las actividades electorales debidamente programadas sean financiadas por el gobierno nacional; no obstante, aquellas actividades no programadas con anticipación en el presupuesto multianual de cada ente electoral y que afectaría la reserva de contingencia deberían ser analizadas detenidamente a efectos de determinar su viabilidad o no.
Es necesario realizar elecciones, pero también optimizar los recursos para atender la emergencia del fenómeno El Niño Global. En las pasadas elecciones se destinaron recursos al STAE, al voto digital y otras actividades costosas que no contribuyeron al proceso electoral, cuya primera vuelta derivó en procedimientos administrativos e investigaciones fiscales por presuntos delitos electorales y de corrupción.
Hay que ser prudentes y entender que la credibilidad de la democracia no sólo se sustenta en procesos electorales transparentes sino que también se sustentan en la capacidad de respuesta que tiene el gobierno en sus tres niveles: nacional, regional y municipal, para afrontar una emergencia nacional producto de un desastre natural. Optimicemos recursos, recuperemos confianza ciudadana en el sistema.
