La reciente promulgación de una ley que limita la detención preliminar a casos de flagrancia representa un grave retroceso en la lucha contra la corrupción y la criminalidad en el Perú. Esta decisión, incomprensible desde cualquier óptica de justicia efectiva, pone en riesgo investigaciones clave y beneficia a quienes buscan evadir la ley.
La detención preliminar ha sido una herramienta esencial para los fiscales en casos complejos que involucran crimen organizado, lavado de activos, corrupción, narcotráfico y economías ilegales. Sin esta medida, los investigados ganan tiempo para huir, destruir evidencias o intimidar testigos. Ahora, aunque existan pruebas contundentes, si han pasado las 48 horas de flagrancia, los presuntos responsables seguirán libres, dificultando el trabajo del Ministerio Público y comprometiendo el debido proceso.
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ha reconocido que esta ley “limitará la acción de la justicia”, mientras que el ministro de Justicia, Eduardo Arana, asegura que evaluará la norma. Pero estas reacciones tardías solo generan más interrogantes. Si los riesgos eran tan evidentes, ¿por qué no se pronunciaron antes de la promulgación? ¿Por qué esperar a las críticas de juristas, del Ministerio Público y de la opinión pública para tomar cartas en el asunto?
Esta decisión parece ser otro ejemplo de un gobierno que legisla de espaldas a la ciudadanía, ignorando las implicancias de sus actos y subestimando el impacto en la seguridad del país.
