La firma del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, suscrita ayer por 29 partidos políticos, llega en un momento clave para la democracia peruana. En teoría, se trata de un gesto destinado a garantizar un proceso electoral basado en el respeto, la integridad y la transparencia. Sin embargo, las ausencias notables y los desplantes sonoros durante la ceremonia siembran dudas razonables sobre la real disposición de muchas agrupaciones a someterse a reglas mínimas de convivencia política.
No es un secreto que los procesos electorales recientes han estado marcados por la confrontación extrema, la desinformación y el uso sistemático de la guerra sucia como estrategia. En ese contexto, un pacto ético no puede reducirse a una foto protocolar ni a un documento bien intencionado que luego se archive en el olvido. Cuando algunos actores deciden no firmar o desairar el compromiso, envían un mensaje claro: las reglas estorban cuando el cálculo electoral manda.
El presidente del JNE, Roberto Burneo, ha señalado que este pacto debe entenderse como un compromiso real y no como un acto meramente formal. La afirmación es pertinente, pero insuficiente si no va acompañada de vigilancia y consecuencias. Los diez puntos del acuerdo solo tendrán valor si los partidos los respetan en la práctica y si la autoridad electoral actúa con firmeza frente a quienes los vulneren sin pudor.
