La ausencia de Nicanor Boluarte en las audiencias que definir su prisión preventiva representa una preocupante señal de desdén hacia la justicia. La confirmación de su abogado de que “no se va a conectar” sugiere una estrategia deliberada para eludir las consecuencias legales, en evidente contradicción con las declaraciones previas del hermano de la presidenta sobre su disposición a cooperar con las autoridades.
Esta actitud no solo pone en tela de juicio su compromiso con el respeto a las leyes, sino que también compromete la imagen de Dina Boluarte. Las sospechas de que Nicanor tenía una influencia significativa en el Gobierno no son nuevas, y este escándalo reaviva cuestionamientos sobre la integridad y la transparencia de su entorno más cercano.
En un momento crítico para el país, se hace imperativo que la presidenta garantice el cumplimiento estricto de las leyes, comenzando por no interferir en los esfuerzos para localizar y detener a su hermano. Cualquier acción percibida como un intento de obstruir la justicia dañaría aún más la confianza ciudadana en las instituciones y en su gestión.
Dina Boluarte debe asumir esta situación como una prueba de fuego para demostrar que está dispuesta a poner las leyes y el estado de derecho por encima de cualquier vínculo personal.
