Los primeros 20 días de 2025 han dejado una cifra alarmante: 106 homicidios en nuestro país, un récord que refleja el avance implacable de la criminalidad. Lima lidera esta trágica lista con 28 asesinatos, seguida por el Callao y La Libertad con 13 casos cada uno. Piura (9), Ica (8) y Cajamarca (5). Más atrás está Junín (2), que completa este sombrío panorama.
Este aumento desmedido de homicidios no solo es una señal de alarma, sino también una muestra evidente del fracaso del Gobierno en su lucha contra la delincuencia. La incapacidad de reacción frente a esta crisis de inseguridad ciudadana es innegable. Como señaló el presidente salvadoreño Nayib Bukele: “Si un gobierno no combate a la delincuencia es porque los que están en el poder son cómplices”.
En nuestro país, esta reflexión parece encajar dolorosamente. A estas alturas, resulta obvio que lo único que interesa a quienes están en el poder, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, es preservar sus privilegios y alimentar sus componendas y negocios. Los problemas de la ciudadanía son relegados al olvido, mientras las promesas vacías y las declaraciones grandilocuentes intentan ocultar la ausencia de planes y estrategias reales.Un ejemplo claro de esta negligencia es lo ocurrido en Trujillo, donde un local del Ministerio Público fue dinamitado recientemente. La respuesta de la mayoría de los congresistas fue publicar mensajes de solidaridad en las redes sociales, gestos que no van más allá de ser meros saludos a la bandera. Lo que el país necesita no son palabras, sino acción decidida y efectiva para enfrentar a la delincuencia.
El primer paso en esa dirección debe ser el relevo del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, cuya gestión ha sido claramente incapaz de abordar esta crisis.
