El accionar delictivo y criminal de grupos armados vinculados a la minería ilegal en la provincia de Pataz, región La Libertad, sigue siendo una papa caliente que ha pasado de la administración de Dina Boluarte a la de José Jerí, y sin duda llegará a manos de quien lo releve, el que deberá poner en marcha, esta vez sí, un plan para erradicar a esta gente que es producto del desgobierno nacional y local, la desidia y el apoyo que la extracción al margen de la ley ha tenido de forma abierta en el Congreso aún en funciones.
Está quedando claro que los estados de emergencia y la presencia de tropas, o al menos solo eso, no son la solución a una situación desde hace tiempo desbordada y que ha costado muchas vidas, al mismo tiempo que varios millones de soles a empresas privadas que en teoría cuentan con la protección de las fuerzas del Estado. Lo último ha sido el asesinato de tres personas en el ingreso a una mina de Poderosa, quizá la más golpeada por esta ola de violencia en la provincia de Pataz.
Estas acciones criminales llevan varios años, por lo que sería bueno saber cuántos detenidos, investigados y condenados hay por estos hechos. ¿Los hay?, ¿existen? Estamos hablando de bandas de asesinos y ladrones que usan armas y explosivos, que al parecer se mueven libremente por la zona a pesar de la reforzada presencial militar y policial. Y mientras esto sucede en las alturas de La Libertad, en Lima la extracción ilegal cuenta con el apoyo de congresistas que incluso van por la reelección.
Hoy tenemos una cantidad descomunal de candidatos presidenciales y sería bueno saber qué propuestas nos traen para acabar con esta ola de violencia en Pataz. Claro, el único que, imagino, no tendrá el desparpajo de venir a dar recetas es César Acuña, quien como exgobernador de La Libertad es uno de los grandes responsables de haber dejado crecer este flagelo. Parece que sus vacaciones y licencias para viajes de placer, están pasando la factura a todos los peruanos.
Se necesita un próximo gobierno con ideas claras y los pantalones bien puestos para entrar a poner orden, incluso para pasar por encima de grupos de legisladores que tienen y tendrán intereses en la minería ilegal. La provincia de Pataz no puede seguir desangrándose y ahuyentando a la actividad minera formal que el Estado debería proteger porque es fuente de recursos, empleo y bienestar. Por ahora, los candidatos deberían salir de los lugares comunes y las buenas intenciones, para pasar a las propuestas respecto a esta papa caliente.
