En última instancia, el Poder Judicial ha mandado al archivo el llamado Caso Cocteles, que en buena cuenta ha sido, con todas sus letras, persecución política pura contra Keiko Fujimori y decenas de personas que por años han sido objeto de una investigación absurda a cargo del expulsado fiscal José Domingo Pérez, y de los jueces Richard Concepción Carhuancho y Víctor Zúñiga, quien en cualquier país civilizado tendrían que asumir las consecuencias de sus malas acciones.
Si alguien en su sano juicio podía tener una pequeña duda de que Pérez era un operador del antifujimorismo más radical en lugar de un fiscal imparcial, ahí lo vimos en la última campaña electoral al lado de la izquierda más extrema personificada por Roberto Sánchez, Antauro Humala y otros, luego de haber asumido la defensa del golpista Pedro Castillo, al que llama “preso político”. ¿Alguien puede afirmar que este sujeto era un magistrado que trabajaba con pulcritud e idoneidad, y la ley en la mano?
Igual de responsables de esta vergonzosa persecución política son los jueces Concepción Carhuancho, siempre tan dispuesto a dar órdenes de prisión preventiva que luego eran revocadas en instancias superiores; y su colega Zúñiga, el que finalmente aceptó que el mamarracho de acusación elaborada por Pérez y que tuvo que ser devuelta para que le haga correcciones por sus graves deficiencias, finalmente sea admitida para juicio oral cuando no existía delito por recibir aportes de campaña.
Más allá de que se trate de Fujimori y sus allegados, lo que ha habido acá ha sido persecución a ciudadanos que no habían cometido delito alguno. Algunos fueron privados de su libertad, otros sufrieron embargos de sus bienes y tuvieron que pagar miles de miles en abogados a lo largo de muchos años, mientras que su vida personal y familiar se convertía en un infierno por culpa de Pérez y compañía, quienes como cualquier funcionario público tendrían que asumir sus responsabilidades administrativas y penales.
Es un hecho que ahora Pérez, en su rol abiertamente político tras ser echado por la puerta falsa del Ministerio Público, asuma su conocido rol de “víctima” y “perseguido” (¿se acuerdan cuando andaba con chaleco antibalas y denunciaba a periodistas que lo esparaban en la puerta de su casa?), pero más allá del show al que nos tiene acostumbrados, la ley tiene que actuar contra este caballero y los dos jueces mencionados, que tanto daño han hecho a la justicia y a la lucha contra la corrupción en el Perú.
