La victoria de Gustavo Petro en segunda vuelta se comprende a la luz de los acuerdos de paz promovidos por el expresidente Juan Manuel Santos, pues, años antes, a causa de la guerrilla, los partidos de izquierda no gravitaban en la escena política colombiana. La interrogante se centra en las posibilidades del nuevo presidente para aplicar su plan de gobierno, a pesar de sus compromisos de moderación. Una promesa tan gaseosa de contenido como interpretable para cada caso concreto. Nos preguntamos, ¿es una realidad la alineación de Colombia al socialismo del siglo XXI? Sin duda la victoria electoral es un primer paso, pero la institucionalidad del país será reacia a cualquier política extremista para implementar.
Comencemos con el parlamento, goza de dos cámaras que se contrapesan y le harán oposición al gobierno. Entre sus órganos constitucionales autónomos, la defensoría del pueblo y la Contraloría conservan su independencia y serán vigilantes al desempeño de la administración pública. También debemos tomar en cuenta el freno de los agentes económicos a cualquier política irresponsable, las cuáles podrían disparar la inflación si se afectara el clima de confianza y seguridad jurídica de un Estado miembro de la OCDE. Por eso, el nombramiento de un profesional de prestigio como ministro de economía será necesario para la tranquilidad de los mercados. Pero el principal freno o cobertura de protección para los derechos fundamentales y la separación de poderes corresponde a la Corte Constitucional colombiana. El máximo intérprete de la Constitución de 1991, que goza de prestigio y su jurisprudencia es de obligada referencia en la región. Finalmente, el papel más delicado será de las fuerzas armadas que, de modo similar al Perú, las que fueran por muchos años defensoras de un país con guerrilla se encuentran bajo un contexto político impensable y difícil de asimilar.
