El Perú enfrenta hoy una peligrosa deriva: el uso del gasto público como herramienta de populismo legislativo. Bajo la bandera de la “justicia social”, el Congreso viene aprobando y promoviendo beneficios permanentes, sin sustento presupuestal, trasladando costos enormes al futuro. El caso más reciente es la jubilación para docentes de educación básica, cuyo costo bordea los S/ 8 mil millones anuales, aprobada sin una fuente de financiamiento clara. Ahora, se amenaza con replicar esa misma lógica a favor de los docentes universitarios.

La magnitud del problema se entiende mejor si la ponemos en contexto: El presupuesto público del Perú para 2026 asciende a aproximadamente S/ 257,562 millones, de los cuales cerca de S/ 49,424 millones se destinan a educación. Es decir, una sola medida, como la ya aprobada, podría representar alrededor del 16% de todo el presupuesto educativo anual.

Este tipo de decisiones no ocurre en el vacío. El Perú viene de años de presión fiscal: en 2024 el déficit alcanzó 3.4% del PBI y recién en 2025 se logró reducir a 2.2%, en un esfuerzo explícito por recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Sin embargo, el propio Consejo Fiscal ha advertido que el Congreso ha impulsado cientos de iniciativas con grave impacto presupuestal, muchas sin financiamiento, poniendo en riesgo esa estabilidad. De hecho, solo un grupo de proyectos podría costar hasta S/ 25 mil millones anuales, una cifra incompatible con cualquier regla fiscal responsable.

Cada sol comprometido sin respaldo adecuado reduce el espacio para políticas públicas efectivas. No se trata de negar derechos a los docentes, que pueden ser muy justos, sino de reconocer que los derechos sin financiamiento son promesas vacías que terminan deteriorando al propio Estado que debería garantizarlos.

La política fiscal exige (fuera de responsabilidad) priorización, gradualidad y sostenibilidad. El Congreso, en cambio, ha optado por el camino más fácil: aprobar beneficios hoy y dejar que lo paguen los contribuyentes mañana. Ya decía Margaret Thatcher que no existe dinero “publico” sino dinero de los contribuyentes.

El resultado es un círculo vicioso: más gasto inflexible, menor capacidad de reforma y mayor deterioro institucional. El verdadero compromiso con la educación no pasa por leyes populistas, sino por políticas responsables que equilibren justicia social con viabilidad. Todo lo demás es, simplemente ¡¡irresponsabilidad!!