Ayer, luego de reunirse con la presidenta Keiko Fujimori y los ministros de Transportes e Interior, Rafael Rey y César Astudillo, respectivamente; un sector de los transportistas de Lima anunció que no se plegarán al paro convocado por otros miembros de este gremio para el 25 de agosto ante la aparente inacción del Poder Ejecutivo para hacer frente a los extorsionadores y sicarios que día a día atentan contra ellos.
Por su parte, Rey y Astudillo dieron alcances de las acciones que el Ejecutivo realizará para tratar de aplacar la escalada criminal que afecta al sector. Se anunció la adquisición de equipos para combatir la extorsión y el sicariato, la integración de las cámaras de las 43 municipalidades de Lima y el refuerzo policial en las calles. También un decreto que permitirá archivar multas de tránsito con el pago del 10% del monto.
Esperamos que estas medidas traigan los resultados esperados, porque los ataques contra empresas de transporte son solo un peldaño más en la escalada criminal que el país padece desde hace años y, si no se hace algo, muy pronto todos los peruanos vamos a terminar pagando cupos a los extorsionadores para seguir ejerciendo el derecho al libre tránsito que nos otorga la Constitución. No es exagerado, es una consecuencia. Ojalá que estos anuncios marquen el inicio del fin de esta lacra que nos afecta.
