El Gobierno ha recurrido nuevamente a una fórmula conocida cuando la delincuencia y la inseguridad ciudadana alcanzan niveles alarmantes: declarar el estado de emergencia en 12 distritos de Lima y Callao. Sin embargo, la preocupación radica en que esta medida se quede solo en el plano declarativo, sin resultados tangibles que mejoren la seguridad. Los antecedentes no son alentadores: el año pasado, distritos como San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho estuvieron bajo la misma medida, y aun así, nueve personas fueron asesinadas en solo una semana.
La situación no es distinta en otros puntos del país. Trujillo y Pataz, en La Libertad, llevan varios meses en estado de emergencia y la criminalidad, junto con la minería ilegal, sigue avanzando con impunidad. Estas experiencias refuerzan la sensación de que la declaración del estado de emergencia, por sí sola, no es suficiente para frenar la ola de violencia y crimen organizado que azota al país.
Las buenas intenciones del gobierno que saludamos, deben ir acompañadas de un sólido trabajo de inteligencia y de una articulación eficaz entre las instituciones responsables de la seguridad. El combate a la extorsión y el asesinato requiere que la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y el Poder Judicial trabajen de manera coordinada, con un plan claro y firme para encarcelar a quienes aterrorizan a la población. Sin esta cooperación y sin un enfoque articulado, las medidas de emergencia seguirán siendo solo declaraciones vacías.
