La reciente decisión del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, de no autorizar al chofer del vehículo que traslada a la presidenta Dina Boluarte, conocido como “cofre”, para que declare ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, ha suscitado una ola de interrogantes sobre la transparencia del Ejecutivo. Este caso, que involucra la presunta fuga de Vladimir Cerrón, se ha convertido en un tema candente que no solo inquieta a la opinión pública, sino que también podría acarrear serias repercusiones políticas.
La justificación presentada por el Gobierno, que argumenta que la no comparecencia del chofer se debe a “razones de seguridad”, solo alimenta la desconfianza y las especulaciones. En un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son más necesarias que nunca, el exceso de secretismo puede resultar un error costoso. La falta de claridad en este asunto no solo deja a la ciudadanía en la incertidumbre, sino que también pone en entredicho la credibilidad del Gobierno.
La pregunta que queda en el aire es: ¿por qué esta resistencia a permitir que se escuche la voz del chofer? ¿Es posible que haya más en esta historia de lo que se ha revelado hasta ahora? La ciudadanía merece respuestas claras y contundentes, y el Gobierno tiene la responsabilidad de proporcionar la información necesaria para disipar las dudas. En un momento en que la confianza en las instituciones es crucial, el silencio solo puede interpretarse como un intento de ocultar la verdad.
