A la luz de los resultados electorales, se evidencia una profunda anomia política. El actual diseño normativo ha provocado que 17,481,493 votos no tengan representación, al haberse dirigido a partidos que no superaron la barrera electoral o que, debido a la limitada cantidad de escaños por circunscripción, no lograron obtener representantes, especialmente en el Senado bajo el sistema de distrito múltiple uninominal. Esto anticipa un serio problema de representatividad en el nuevo Congreso bicameral.
A ello se suma el ausentismo, que alcanza el 23% con el 97% de actas procesadas, cifra más cercana al 29% registrado en 2021 que al promedio de 12% en elecciones anteriores. Asimismo, tenemos distritos o provincias donde los votos blancos y nulos superan los dos tercios de los votos válidos. Está nulidad parcial de naturaleza numérica ha sido recurrente en elecciones municipales y hay evidencia de que se ha configurado en elecciones generales más no se ha aplicado.
En resumen hay un descontento ciudadano que además se expresa en las urnas, castigando a partidos tradicionales que no lograron mantenerse vigentes y que ahora intentan subsistir mediante cuestionados proyectos de ley. Este escenario refleja una percepción de gobierno distante, similar a viejas formas oligárquicas.
Sin duda, cambiar este escenario será una labor ardua en el corto plazo donde la sociedad civil será la llamada a marcar la pauta de una clase política que, con su proceder, debilita la democracia en lugar de fortalecerla. Son tiempos difíciles y también es tiempo de asumir responsabilidades.
