Cada cierto tiempo, el país vuelve a enfrentarse a escenas que generan indignación y dolor: incendios en espacios abarrotados, locales sin condiciones mínimas de seguridad y pérdidas que, en muchos casos, pudieron evitarse.
Cuando estos hechos ocurren, el debate se activa de inmediato. Se señala a las autoridades por la falta de fiscalización. Se apunta a los propietarios por operar al margen de la normativa. Ambas responsabilidades son reales y no deben minimizarse. Sin embargo, hay un actor clave que suele quedar fuera del análisis y cuya influencia es decisiva: el consumidor.
Somos las personas quienes, día a día, decidimos dónde comprar, a quién contratar y qué prácticas validar con nuestras decisiones. Y en el Perú, una parte importante del consumo sigue priorizando el precio, la cercanía o la rapidez, incluso cuando eso implica acudir a espacios informales que no ofrecen garantías mínimas de seguridad ni de calidad.
Este comportamiento no es exclusivo de una temporada ni de un sector específico. Se repite de forma constante en actividades como el comercio, el entretenimiento, la alimentación o el sector inmobiliario. La informalidad no persiste por casualidad: se sostiene porque resulta rentable. Y es rentable porque el mercado la sigue premiando.
El rol del Estado es fundamental y no admite discusión. Le corresponde equilibrar la balanza, fiscalizar, sancionar y generar las condiciones necesarias para que operar de manera informal deje de ser un buen negocio. Sin embargo, ese esfuerzo tiene un límite evidente si no va acompañado de un cambio en el comportamiento de la ciudadanía, cuyas decisiones de consumo terminan validando —o corrigiendo— las prácticas del mercado.
Mientras se normalice “lo más barato” por encima de “lo más seguro”, los riesgos seguirán acumulándose hasta materializarse en nuevas tragedias. La prevención no empieza en una inspección ni después del incendio. Empieza mucho antes, en decisiones cotidianas que, colectivamente, definen el tipo de sociedad que estamos construyendo.
